Gazeta Lodz - La angustia por miles de detenidos sin cargos ni sentencia en El Salvador

La "guerra" contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, lanzada en 2022, se ampara en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial.

Si bien redujo los homicidios a mínimos históricos, grupos de derechos humanos denuncian que hay miles de inocentes tras las rejas.

Personas que llevan tres años presas pueden seguir en detención provisional hasta agosto de 2027, tras una reforma legal aprobada por el Congreso afín a Bukele.

Es el caso del hijo de Ana Mercedes, Ricardo Ernesto Martínez, detenido el 10 de mayo de 2022 y que sigue preso aunque los cargos en su contra fueron desestimados.

Durante meses no supo si estaba vivo o muerto, pues no se permiten las visitas en prisión y no hay información sobre los detenidos.

En mayo, cuenta esta madre, las autoridades de la cárcel La Esperanza le pidieron que comprara un jean y una camiseta amarilla para su hijo, porque lo pondrían a trabajar con otros reos pacíficos.

"Es injusto" que siga más tiempo en la cárcel, dice a la AFP esta humilde mujer de 63 años en su casa de adobe en Cuyultitán, cerca de San Salvador.

"Su cuerpecito él lo tiene limpio, como Dios lo mandó al mundo", agrega García, al resaltar que Ricardo, de 31 años, no tiene tatuajes ni antecedentes policiales.

Pandillas de origen salvadoreño como la Mara Salvatrucha o Barrio 18 usan los tatuajes para identificarse.

Bajo el régimen de excepción fueron detenidos unos 88.000 presuntos pandilleros, de los cuales unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes, según las autoridades.

"Yo me imagino que ha de ser un dolor horrible, como madre tener un hijo en la cárcel", dijo Bukele esta semana en un mensaje al país, en que atribuyó la culpa a los padres de los presos por "no haberles aplicado disciplina cuando estaban niños".

- "Condena anticipada" -

El 15 de agosto, el Congreso prolongó la detención provisional por dos años más para que la fiscalía presente acusaciones y organice unos 600 juicios masivos a presuntos pandilleros.

Ana Mercedes considera este aplazamiento como una "extrema injusticia" porque su hijo "no debe nada" y deberá "pagar algo que él no ha hecho".

Explica que en 2023 su hijo obtuvo dos cartas de la fiscalía que pedían su liberación, pero las autoridades de la cárcel no acataron la orden.

Una de las cartas que muestra a la AFP dice que su hijo debe ser liberado al no existir "elementos suficientes para proceder a la judicialización".

La ONG de derechos humanos Cristosal afirma que la ampliación del plazo de detención es "irracional e injustificable", ya que alguien esté preso cinco años sin juicio "convierte la detención provisional en una condena anticipada".

- Temor por juicios masivos -

Los juicios denominados "masivos" también angustian a padres de presos.

"Dicen que van agruparlos en grupos mínimamente de 800, 900 y hasta 1.200 (presos). Eso es grave porque es casi seguro que si llegaran a pasar adelante ese tipo de procedimientos, serían muchos inocentes que estarían condenando", dice a la AFP el abogado Félix López.

Además, esos juicios rompen el principio de "individualizar" la responsabilidad penal, indica el letrado, cuyo hijo Félix, de 27 años, está preso desde febrero.

El hijo de Juana Fuentes, Nelson Antonio Fuentes, de 23 años, fue detenido en abril de 2022 cuando iba a trabajar al estatal Fondo de Conservación Vial. Ahora será juzgado con presos que "ni conoce", indica.

"Quisiera que investigaran bien cada caso y (...) el que la debe, que la pague" y a quien es inocente "lo debían de ir sacando" de la cárcel, dice a la AFP esta mujer de 54 años, en una humilde zona de Mejicanos, un distrito de la periferia de la capital.

En julio se enteró que Nelson sigue vivo: apareció en un video de TikTok, trabajando en la reconstrucción de una escuela.

S.Mazur--GL