Gazeta Lodz - PP y Vox impulsan una orientación conservadora del Tribunal Constitucional

El texto publicado expone que derecha y ultraderecha sellaron hace unos días su pacto electoral para el Senado. El acuerdo, por el cual PP y Vox rechazan hacerse competencia en nueve provincias, busca maximizar las posibilidades del bloque conservador de obtener escaños después de la alianza alcanzada en la izquierda. El objetivo es hacerse con tres quintos de la Cámara Alta, una fuerza parlamentaria que les permitiría forzar un giro a la derecha del Tribunal Constitucional, que será clave en cualquier reforma de calado que quiera plantear Alberto Núñez Feijóo si llega a La Moncloa.

Y que aún tiene que resolver cuestiones de gran relevancia, como la ofensiva antimemoria ultra a nivel autonómico o los recursos de amparo de todo un ex fiscal general del Estado y un exministro. La corte de garantías, que lleva desde 2023 funcionando con mayoría progresista, se renueva por terceras partes cada tres años. El primer grupo de cuatro magistrados lo elige el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que el segundo y el tercero son designados por el Congreso de los Diputados y el Senado por mayoría de tres quintos.

En diciembre del año pasado, tenía que haberse llevado a cabo la renovación del cupo correspondiente a la Cámara Alta después de el fin de mandato de los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Pero la misma se ha mantenido, hasta la fecha, completamente bloqueada en un Senado controlado por el PP. El melón de la renovación se abrirá, de nuevo, después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero lo hará con una Cámara Alta distinta.

Derecha y ultraderecha esperan que el nuevo reparto de fuerzas les permita poner fin al "secuestro" de un Tribunal Constitucional "político y partidista". ¿Y cómo lo harán? Colocando a juristas de su cuerda y alterando el juego de mayorías en la corte de garantías.

Es decir, controlándolo ellos. Si PP y Vox consiguen alcanzar la barrera de los tres quintos en el Senado podrán imponer directamente a los cuatro magistrados pendientes de designación. Eso provocaría una derechización del órgano, que pasaría de la actual mayoría progresista de 7 a 5 a una conservadora.

El control del Constitucional es clave para Feijóo. Sobre todo, si alcanza el Palacio de la Moncloa. Cualquier reforma profunda como la que plantea el líder de los conservadores, con cambios de calado en cuestiones sociales como el aborto o la eutanasia, terminaría con total seguridad ante la corte de garantías.

Igual que ha acabado en los últimos años buena parte de la producción legislativa del Gobierno. Tanto PP como Vox han recurrido la Lomloe —reforma educativa—, la Ley de Eutanasia, la Ley de Memoria Democrática, la ley trans, la Ley de Amnistía o la reforma penal que eliminó el delito de sedición. En el último lustro se han interpuesto en la corte de garantías 96 recursos de inconstitucionalidad contra leyes estatales.

El futuro Constitucional, asimismo, tendrá sobre la mesa cuestiones de gran relevancia. Es el caso, por ejemplo, de la ofensiva antimemoria impulsada por la derecha y la ultraderecha a nivel autonómico. El Gobierno central ha recurrido en los últimos meses las leyes de concordia con las que PP y Vox han tratado de reemplazar las normas memorialistas que existen en aquellos territorios que controlan.

El movimiento del Ejecutivo ha provocado, tal y como establece el artículo 161 de la Ley Fundamental, la suspensión automática de las disposiciones recurridas. Ahora bien, la corte de garantías todavía tiene que resolver sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la constitucionalidad o no de estas leyes de concordia. Recursos de amparo de alto voltaje político El Constitucional, del mismo modo, tiene pendiente aún de fijar los límites entre libertad de expresión y ofensa religiosa.

En concreto, desde abril de 2022, cuando acordó la admisión a trámite del recurso de amparo de la feminista Elisa Mandillo, condenada por su participación en la malagueña "procesión del chumino rebelde". Tampoco sería raro que en los próximos meses regresara a Domenico Scarlatti, sede de la corte de garantías, la batalla sobre la denominada ley de nietos. Si aún no se ha pronunciado el tribunal sobre este asunto ha sido porque ha considerado prematuro el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo.

No serán pocos los amparos de alto voltaje político que deberán afrontar los magistrados. Por un lado están los de la Fiscalía y el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la polémica sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo inhabilitó como jefe del Ministerio Público. Por otro, el que tiene previsto interponer el exministro José Luis Ábalos después de su condena a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Y habrá que ver si en un futuro acaban también en la mesa de la corte de garantías los casos de David Sánchez o Begoña Gómez, hermano y pareja del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

T.Chmielewski--GL