Familiares de víctimas de residencias denuncian ante la ONU la gestión sanitaria durante la pandemia
Familiares de personas mayores fallecidas en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia han elevado sus denuncias ante el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas mayores. Tras seis años sin sentencias favorables, los grupos reclaman una macrocausa y nuevas normativas para garantizar la calidad asistencial.
Familiares de personas mayores fallecidas en residencias de la Comunidad de Madrid durante la fase aguda de la pandemia han elevado sus denuncias ante el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas mayores, Zvezdan Pirtošek. Este paso se produce tras seis años y medio de litigios judiciales que no han resultado en sentencias favorables para los reclamantes, quienes argumentan que la vía nacional ha quedado agotada sin ofrecer reparación.
El encuentro tuvo lugar el pasado martes en Madrid, donde representantes de la Plataforma Unión Ciudadana por la Mejora en las Residencias (UCMR) y familiares de víctimas expusieron sus casos al neurólogo y experto de la ONU. Pirtošek, quien se encuentra en España con la misión de escuchar testimonios sobre la situación de los ancianos, ha recibido la documentación y los informes que las familias le han entregado. Se espera que el experto emita un informe oficial sobre estos hechos y sobre las condiciones actuales del sector para finales de 2027.
Entre los casos presentados destaca el de Mercedes Huertas, cuyo padre falleció en la residencia pública Adolfo Suárez el 6 de abril de 2020. Huertas relata que su padre, de 100 años, cayó con fiebre el 22 de marzo y fue tratado inicialmente con paracetamol y antibióticos. Según sus declaraciones, la comunicación con el centro era escasa y fragmentada. El día 4 de abril se estableció una videollamada en la que le informaron de que su padre estaba "tranquilo" y "bien", pero dos días después fue sometido a pruebas de covid y se iniciaron cuidados paliativos, falleciendo poco después.
Huertas sostiene que la muerte de su padre fue consecuencia de los protocolos instaurados por el gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso, los cuales condicionaban la derivación de personas mayores a hospitales en función de sus circunstancias físicas y cognitivas. La familia ha interpuesto dos querellas penales por estos hechos, las cuales fueron archivadas en primera instancia y se encuentran actualmente en el Tribunal Constitucional tras recursos de amparo.
Más allá del caso individual, la UCMR y otros colectivos han denunciado un patrón sistémico. El 10 de octubre de 2024, familiares de más de un centenar de residentes de 72 geriátricos presentaron una nueva querella contra la Comunidad de Madrid. En este documento se solicita la investigación de altos cargos regionales por el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias. Hasta la fecha, ninguna de las demandas ha logrado obtener una sentencia condenatoria.
Los familiares han trasladado al experto de la ONU su percepción de que se trata de "la mayor gestión homicida de la democracia" española, exigiendo que alguien tome cartas en el asunto. Pirtošek se ha comprometido a recabar toda la información y los documentos que las familias deseen enviarle.
El testimonio también abarca las condiciones actuales del sector. Marcelo Marko, un residente de la residencia de Colmenar Viejo, llamó la atención del experto al mantener una huelga de hambre durante casi un mes para denunciar la escasez y el estado de la comida servida en el centro. Los familiares asistentes a la reunión explicaron que los testimonios recabados demuestran que persisten problemas graves relacionados con la falta de calidad asistencial y situaciones de maltrato derivadas de la escasez de personal.
Se señala que la precariedad laboral que afrontan las plantillas, caracterizada por bajos salarios y sobrecarga de trabajo, dificulta el desempeño digno de la labor de cuidados. Esta situación se vincula con el deterioro asistencial derivado de la mercantilización de los cuidados, un fenómeno que los colectivos atribuyen al modelo de colaboración público-privada.
Ante la falta de respuestas judiciales y administrativas, diversos grupos confluyeron el sábado 21 de noviembre en una manifestación unitaria bajo el lema "La vida por encima de sus beneficios. Juntas lo paramos todo en todas partes". Organizada por Marea de Residencias, la protesta comenzó a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid y recorrió el centro de la capital hasta culminar en la Puerta del Sol.
Bajo el paraguas de otras luchas sociales, como la defensa de la sanidad pública y la educación, las demandas centrales incluyen la memoria, justicia y reparación para las 7.291 víctimas identificadas. Los manifestantes reclaman la agrupación de todas las denuncias abiertas en una macrocausa única para evitar la impunidad y garantizar la reparación moral de las familias y la sociedad.
Asimismo, se exige la aprobación de una nueva Ley de Residencias que actúe como un marco normativo estatal capaz de blindar los derechos fundamentales de las personas residentes, independientemente de su lugar de residencia. La plataforma también aboga por el fin del modelo de colaboración público-privada y la instauración de residencias 100% públicas y de gestión directa, argumentando que solo este cambio estructural puede garantizar la calidad asistencial necesaria para proteger a la población mayor.
Q.Szulc--GL