Gazeta Lodz - Suiza frente al caos Europeo

La reciente propuesta de la derecha nacionalista suiza para limitar la población a diez millones de habitantes ha reavivado el debate sobre la capacidad de Suiza para regular la inmigración. El referendo, convocado para el 10 de junio de 2026, obligaría a las autoridades a bloquear nuevas entradas cuando la población supere los 9,5 millones y rompería el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea una vez alcanzados los 10 millones. A diferencia de años anteriores, la iniciativa cuenta con cierto apoyo popular, ya que una encuesta de diciembre mostró simpatía de casi la mitad del electorado. Los promotores de la medida sostienen que una “explosión demográfica” está encareciendo los alquileres y saturando las infraestructuras, mientras que el empresariado y el gobierno advierten que la ruptura con Bruselas pondría en peligro el acceso al mercado único europeo y la competitividad del país.

Paralelamente, en noviembre de 2025 el Parlamento suizo aprobó la reforma más profunda de la Ley Federal de Extranjería en más de una década. La nueva norma fija cupos anuales para varias categorías de permisos de trabajo que, hasta ahora, se revisaban mediante ordenanzas del Consejo Federal. A partir de 2026, el Parlamento votará cada otoño un “paquete global” de permisos que los cantones deberán respetar, lo que otorga mayor previsibilidad a las empresas y refuerza el control político. Además, la ley impone controles biométricos sistemáticos en todas las fronteras exteriores –cuatro huellas dactilares y un reconocimiento facial en vivo– y prevé la instalación de puertas electrónicas en carreteras y puntos ferroviarios antes de mediados de 2026. Las cámaras y los kioscos automatizados ya han provocado largas colas en los aeropuertos de Zúrich y Ginebra durante las fiestas navideñas, cuando la prueba piloto del nuevo sistema coincidió con huelgas en varios países europeos, obligando a las autoridades a recomendar llegar con tres horas de antelación.

El Consejo Federal también ha integrado en su normativa la nueva cláusula de suspensión de visados de la UE, que reduce al 30 % el aumento de residentes irregulares o entradas rechazadas necesario para restablecer la exigencia de visado y añade nuevos motivos, como la instrumentalización de migrantes o el deterioro de las relaciones por violaciones de derechos humanos. Esto permitirá a la Comisión Europea reintroducir visados durante un máximo de 12 meses en situaciones de urgencia. Suiza, aunque no es miembro de la UE, participa en el espacio Schengen y adapta su legislación para alinearse con estas reglas.

Tecnología, vigilancia y debate ético
Más allá de los cupos y los referendos, Suiza participa en un nuevo paradigma de control migratorio apoyado en inteligencia artificial. Una investigación internacional mostró que Europa, incluida Suiza, utiliza drones, torres de vigilancia y programas de reconocimiento de voz para monitorear rutas migratorias, así como análisis de datos de teléfonos móviles de solicitantes de asilo. Esta red de vigilancia, que se extiende desde el río Evros en Grecia hasta el canal de la Mancha, está generando un floreciente negocio para empresas tecnológicas; la compañía zuriquesa Decodio AG, por ejemplo, ha exportado soluciones de vigilancia por más de 27 millones de francos suizos desde 2015. Los críticos temen que el uso de IA en fronteras vulnere derechos fundamentales y ofrezca solo una “ilusión de eficacia”.

Caos europeo y repliegue fronterizo
Mientras Suiza afina su modelo, el resto del continente vive un panorama contradictorio. Las entradas irregulares cayeron un 26 % en 2024 y siguieron disminuyendo en los primeros meses de 2025, gracias a acuerdos de disuasión con países de África del Norte y Oriente Medio. Sin embargo, algunas rutas se reactivaron y la demanda de migrar sigue siendo alta. El ambiente político se ha vuelto más hostil: varios países han reinstaurado controles dentro del espacio Schengen, reducido programas de reasentamiento y endurecido deportaciones; Alemania, históricamente defensora de un asilo inclusivo, aplica ahora medidas más severas. En marzo de 2026, la primera ministra italiana Giorgia Meloni pidió en una cumbre de la UE “soluciones innovadoras” y un reforzamiento del marco legal para las devoluciones, subrayando la necesidad de evitar una repetición de la crisis migratoria de 2015. La Unión Europea acordó mantenerse en alerta y movilizar todas sus herramientas diplomáticas, legales y financieras para reforzar las fronteras exteriores.

Esta respuesta refleja la percepción de que la gestión europea está sumida en el caos: los acuerdos entre estados son frágiles, las decisiones se retrasan y los gobiernos temen nuevos flujos desencadenados por conflictos en Oriente Medio. Frente a esto, algunos observadores se fijan en Suiza como ejemplo de un país que equilibra apertura económica y control migratorio, gracias a su democracia directa y su flexibilidad legislativa. Otros advierten que trasladar el modelo suizo a un bloque de 27 estados sería impracticable y podría agravar las tensiones internas.

Un mercado financiero bajo presión
El debate migratorio europeo coincide con señales de alarma en el mercado global de private credit. Según el informe Private Credit Outlook 2026 de With Intelligence, los inversores temen un giro del ciclo: el mercado se enfrenta a volatilidad, alza de impagos y un creciente uso de mecanismos de pago en especie (PIK), que capitalizan los intereses en el principal del préstamo. La tasa de impago “real”, sumando quiebras selectivas y ejercicios de gestión de pasivos, rozó el 5 % durante los primeros nueve meses de 2025. En respuesta, los fondos de situaciones especiales y deuda en dificultades han recaudado 100 000 millones de dólares en los últimos dos años.

Estas tensiones han provocado que los inversores diversifiquen y miren más hacia Europa: en los nueve primeros meses de 2025, la financiación de deuda privada en el continente alcanzó un récord de 56 000 millones de euros, un 17 % más que en 2024, elevando la cuota europea al 35 % del total mundial. Sin embargo, el desplazamiento del capital desde Norteamérica hacia Europa despierta inquietud. Además de las dudas económicas, algunos gestores temen que la inestabilidad política asociada al tema migratorio –incluido el eventual “referendo del caos” suizo– ahuyente a los inversores o encarezca el riesgo crediticio. Los fondos “evergreen” han aumentado su patrimonio a más de 640 000 millones de dólares y representan una parte creciente del negocio, lo que podría alterar el equilibrio entre inversores minoristas e institucionales.

Opiniones divididas
Las reacciones públicas ante el endurecimiento suizo son dispares. Muchos ciudadanos elogian la claridad y previsibilidad de las cuotas anuales y valoran que se consulte directamente a la población antes de adoptar medidas de gran calado. Para ellos, la experiencia de direct democracy suiza demuestra que es posible gestionar la inmigración de forma ordenada y consensuada, en contraste con la lentitud y el desorden que perciben en la Unión Europea. Otros, sin embargo, alertan de que la lógica de los cupos puede incentivar la economía sumergida y dificultar la integración de trabajadores esenciales, como ocurrió tras la votación de 2014 que pretendía limitar la inmigración y acabó siendo suavizada. Grupos defensores de los derechos humanos critican el uso creciente de tecnologías de vigilancia, argumentando que la IA aplicada a la migración crea un mercado lucrativo para empresas privadas y erosiona la privacidad sin abordar las causas profundas de la movilidad humana.

En este contexto, la pregunta sobre si el modelo suizo representa una alternativa al caos europeo no tiene una respuesta simple. Suiza combina controles estrictos, pragmatismo económico y participación ciudadana, pero lo hace dentro de un país pequeño, con instituciones sólidas y una economía próspera. Trasladar sus recetas a una Europa heterogénea implicaría resolver diferencias políticas y sociales profundas. Además, el riesgo de que la tensión migratoria se convierta en un factor de pánico en los mercados financieros, al ensombrecer el horizonte económico, subraya que la gobernanza de la inmigración y la estabilidad macroeconómica están cada vez más interconectadas.