Gazeta Lodz - Cuba cambia para sobrevivir

El castrismo no ha firmado su rendición. Ha reconocido, sin embargo, algo que durante décadas se negó a admitir con esta claridad: el modelo económico construido alrededor del monopolio estatal, la planificación central y la desconfianza hacia la iniciativa privada ya no puede sostener el país. La consigna de que el castrismo se rinde describe, por ahora, la derrota de un dogma económico, no la entrega del poder político.

A mediados de junio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad 176 transformaciones agrupadas en 23 ejes. El paquete abre espacios inéditos a la banca privada, la inversión extranjera, las grandes empresas particulares, la compraventa de activos estatales, el mercado de divisas, la gestión local y el comercio exterior sin la intermediación obligatoria del Estado. La amplitud del giro no tiene precedentes desde 1959. Su propósito declarado, no obstante, no es desmontar el socialismo cubano, sino preservarlo mediante instrumentos de mercado.

Esa contradicción define el momento. Cuba intenta sustituir una parte esencial de su economía sin modificar todavía la arquitectura política que la dirige. El Gobierno quiere que el capital privado produzca, invierta, importe, exporte, financie y gestione servicios, pero pretende conservar para el Partido Comunista la última palabra sobre el ritmo, el alcance y los beneficiarios de la apertura. La nueva Cuba que se perfila no es aún una democracia liberal ni una economía plenamente libre. Es un sistema híbrido nacido de la urgencia.

El punto de ruptura
La reforma llega cuando el margen material del Estado se ha reducido al mínimo. El 6 de julio, el sistema eléctrico volvió a colapsar a escala nacional, por tercera vez en 2026. Al día siguiente hubo protestas dispersas en barrios de La Habana, con vecinos golpeando cazuelas y reclamando el restablecimiento del servicio. Millones de personas continuaban sin electricidad y amplias zonas del país sufrían cortes que ya no se miden en horas, sino en jornadas completas. La avería inmediata del sistema es solo una parte del problema. Las centrales termoeléctricas envejecidas funcionan con un mantenimiento insuficiente, faltan piezas de repuesto y el país no dispone del combustible necesario para cubrir la demanda. El cerco petrolero impuesto por Washington desde enero ha cortado o disuadido buena parte de los suministros que llegaban desde Venezuela, México y otros mercados. La presión externa ha convertido una crisis energética crónica en una emergencia nacional.

El deterioro alcanza toda la economía. El turismo, una de las principales fuentes de divisas, recibió apenas 328.608 visitantes internacionales entre enero y abril, un 55,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. Hoteles han cerrado, varias cadenas extranjeras han reducido o abandonado operaciones y las dificultades con vuelos, combustible, tarjetas y abastecimiento han vuelto menos competitivo el destino cubano.

Tampoco existe consenso sobre la magnitud de la caída económica, pero todas las señales apuntan hacia una contracción severa. Mientras la planificación oficial aspiraba a crecer un uno por ciento en 2026, otras proyecciones situaban el retroceso entre algo más del seis y algo más del siete por ciento. La producción de alimentos continúa deprimida, el peso ha perdido capacidad de compra, la inflación ha pulverizado salarios y pensiones y la escasez de divisas limita incluso la importación de medicamentos y materias primas. A esta pérdida de producción se suma una crisis demográfica que condicionará cualquier recuperación. La población efectiva cayó por debajo de diez millones de habitantes y la mayor oleada migratoria de la historia reciente ha vaciado al país de jóvenes, profesionales y trabajadores en edad productiva. Cuba envejece al mismo tiempo que pierde médicos, ingenieros, técnicos, docentes, agricultores y emprendedores. Una reforma puede modificar leyes en meses, pero no reconstruye con la misma rapidez el capital humano que emigró.

Sería intelectualmente pobre atribuir todo el desastre a las sanciones estadounidenses. También sería falso negar su efecto devastador, especialmente desde la interrupción de los flujos petroleros y la ampliación de las sanciones secundarias en 2026. La crisis cubana nace de dos fuerzas que se refuerzan entre sí. Por un lado, décadas de baja productividad, centralización, inversión insuficiente, distorsiones monetarias, burocracia y decisiones erráticas. Por otro, un régimen de presión exterior diseñado para restringir combustible, crédito, turismo, pagos e inversión hasta obligar a La Habana a negociar cambios políticos.

Qué cambia de verdad
Las 176 medidas no son una simple autorización para abrir más cafeterías. Cambian la lógica formal de la propiedad, la financiación y la empresa. Las compañías estatales podrán convertirse en sociedades mercantiles por acciones, vender participaciones a personas y entidades cubanas o extranjeras, arrendar activos ociosos y someterse a procedimientos de reestructuración, liquidación y quiebra. El Estado mantendrá una posición mayoritaria en sectores considerados estratégicos, pero deja de presentar la propiedad estatal absoluta como la única forma legítima de organizar la producción. Para las empresas privadas desaparece el límite de cien trabajadores. Las que superen esa cifra podrán operar como empresas de mayor tamaño. Una misma persona podrá ser titular de varios negocios y participar como accionista en distintas sociedades. También se amplían las formas jurídicas disponibles, se permite utilizar terrenos y otros bienes mediante derechos de usufructo o superficie y se reducen requisitos para crear y transformar compañías.

La inversión extranjera podrá asociarse directamente con empresas privadas cubanas. Los negocios con capital foráneo podrán abrir cuentas en el exterior con menos trabas, contratar trabajadores sin recurrir obligatoriamente a una entidad empleadora estatal y operar con mayor libertad en divisas. Los derechos de superficie podrán extenderse hasta 99 años, una señal destinada a proyectos que necesitan plazos largos para recuperar inversiones.

El comercio exterior también cambia de naturaleza. Empresas privadas y cooperativas podrán importar y exportar directamente con autorización, sin depender de la intermediación generalizada de empresas estatales. La reforma adopta además el principio de una lista negativa, de modo que se define lo prohibido y se permite el resto. Es una inversión importante de la cultura administrativa cubana, tradicionalmente basada en autorizar caso por caso lo que podía hacerse. La agricultura recibe un tratamiento igualmente profundo. El usufructo de tierras podrá concederse por tiempo indeterminado a actores estatales, privados, mixtos y personas naturales, de acuerdo con el proyecto productivo. Cooperativas y productores ganan capacidad para importar insumos, buscar financiación exterior, abrir cuentas en divisas, exportar directamente y acordar precios con compradores. El objetivo es poner a producir tierras ociosas y reducir una dependencia alimentaria incompatible con la escasez de divisas.

En energía, la apertura permite que capital privado y extranjero importe y comercialice combustibles, incluso en la red minorista. También se ofrecen incentivos para sistemas solares, baterías, movilidad eléctrica y estaciones de carga. Es una respuesta lógica a la fragilidad de la red, pero sus resultados dependerán del acceso a financiación, equipos y garantías jurídicas. Ningún decreto puede sustituir de inmediato las plantas, los transformadores y los inventarios de combustible que faltan.

Los municipios reciben facultades para aprobar inversiones, promover proyectos con cubanos residentes en el exterior, importar, exportar, retener divisas y crear fondos de desarrollo. Si se aplica de manera real, esta descentralización podría reducir la dependencia de La Habana y permitir que cada territorio aproveche mejor sus recursos. Si se limita a transferir obligaciones sin presupuesto, personal competente ni autonomía fiscal, solo trasladará la escasez desde el centro hacia las provincias.

La moneda y los subsidios
El núcleo más delicado de la reforma está en el sistema financiero. Cuba autoriza la participación de capital privado, cooperativo y extranjero en bancos e instituciones no bancarias, siempre bajo supervisión del Banco Central. Se prevén microcréditos, nuevos instrumentos financieros, plataformas de pagos, agentes privados para remesas, un mercado de valores y un marco para activos virtuales. Al mismo tiempo, el Gobierno plantea un mercado cambiario digital en tiempo real, casas de cambio privadas, subastas de divisas y devaluaciones sucesivas del peso. El propósito es acercar las tasas oficiales a la realidad económica y reducir el enorme espacio ocupado por el mercado informal. La dirección es inevitable. Una moneda con valores administrativos desconectados del mercado impide calcular costos, desalienta exportaciones, encubre pérdidas y premia a quienes acceden a tasas privilegiadas.

El riesgo es que la corrección cambiaria alimente una nueva ronda inflacionaria. Devaluar sin aumentar la oferta de alimentos, combustible, transporte y bienes esenciales encarece toda la cadena productiva. Por eso la reforma monetaria no puede separarse de la reforma empresarial, agrícola y energética. Si una avanza sin las otras, el ajuste recaerá sobre los salarios y los ahorros de la población.

También cambia el contrato social. El Estado pretende dejar de subsidiar productos para subsidiar personas. Parte de la canasta normada pasaría gradualmente a ventas controladas sin subsidio, mientras un fondo de protección social concentraría la ayuda en hogares vulnerables. Desde el punto de vista fiscal, el sistema es más racional que subvencionar por igual a quien tiene dólares y a quien vive de una pensión. Desde el punto de vista político, es una ruptura con uno de los símbolos más duraderos de la Revolución.

El salario mínimo sube de 2.100 a 3.210 pesos a partir de julio, un incremento del 53 por ciento. La mejora nominal será insuficiente si los precios crecen más rápido. El éxito no se medirá por la cifra aprobada, sino por la cantidad de alimentos, medicinas, transporte y electricidad que ese salario pueda comprar. En una economía parcialmente dolarizada, el verdadero umbral de bienestar seguirá dependiendo del acceso a moneda extranjera. La nueva política social puede ser más eficiente, pero también hará más visible la desigualdad. Quien recibe remesas, posee un negocio rentable o trabaja para clientes extranjeros partirá con ventaja. Quien depende de un sueldo estatal, vive en una zona rural o carece de familia en el exterior afrontará el ajuste con menos protección. La Cuba que emerge del racionamiento universal será probablemente una sociedad más estratificada.

La reforma tributaria intenta adaptarse a ese escenario. Se prevé introducir gradualmente un impuesto sobre el valor añadido, ampliar la factura electrónica, reducir algunas cargas sobre las utilidades y gravar a empresas que declaren pérdidas durante años. El Estado necesita recaudar de una economía más privada para sostener sanidad, educación y asistencia social. El desafío será evitar que una fiscalidad excesiva vuelva a empujar la actividad hacia la informalidad.

El límite político
La apertura económica no incluye, por ahora, una apertura equivalente del sistema político. No se ha anunciado pluralismo de partidos, competencia electoral libre, independencia sindical, libertad plena de prensa, garantías nuevas para la asociación civil ni una reforma del aparato de seguridad. El propio paquete fue diseñado para encajar en la Constitución vigente y preservar el papel rector del Partido Comunista. Esa continuidad no es secundaria. Los inversores necesitan tribunales confiables, contratos ejecutables, reglas estables y protección frente a decisiones administrativas arbitrarias. Los ciudadanos necesitan saber que crear riqueza no los convierte en sospechosos y que criticar una política no los expone a represalias. Sin Estado de derecho, la economía de mercado puede funcionar durante un tiempo, pero lo hace con un descuento permanente de riesgo.

Las condenas vinculadas a las protestas de julio de 2021, la represión del disenso y la existencia de presos por motivos políticos continúan siendo obstáculos centrales para una normalización internacional. La liberación de más de dos mil reclusos en abril no cerró ese expediente. Tampoco lo hizo la disposición expresada en julio por un nieto de Raúl Castro, sin cargo oficial, a negociar con Washington y considerar liberaciones bajo determinadas condiciones.

Ese gesto fue inusual porque mostró que dentro del entorno del poder existe conciencia de que la supervivencia económica depende también de una salida diplomática. Sin embargo, las conversaciones entre La Habana y Washington siguen estancadas. Estados Unidos exige elecciones democráticas, liberaciones y cambios estructurales. Cuba acepta dialogar, pero rechaza que su sistema político sea una condición impuesta desde el exterior. La acusación penal presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996 y las nuevas sanciones contra entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA han elevado el costo personal e institucional del conflicto. Para Washington, la apertura económica es insuficiente mientras el núcleo político permanezca intacto. Para La Habana, ceder ante esas exigencias bajo presión equivaldría a poner en riesgo la continuidad del régimen.

Por eso hablar de rendición resulta prematuro. El castrismo ha aceptado ceder terreno en propiedad, banca, precios, empleo, inversión y comercio, ámbitos que durante décadas definió como fronteras ideológicas. No ha cedido el monopolio de la coerción, el control constitucional del partido único ni la capacidad de decidir quién participa en la política.

El modelo vietnamita y sus trampas
La referencia más visible para la dirigencia cubana es Vietnam. En junio, Miguel Díaz-Canel presentó la experiencia vietnamita como guía para las transformaciones de la isla. La fórmula es conocida: apertura a la empresa privada y al capital extranjero, disciplina macroeconómica, exportaciones, inversión industrial y continuidad del partido comunista. El atractivo político es evidente. Vietnam demuestra que una organización comunista puede abandonar gran parte de la planificación central sin entregar el poder. También ofrece una narrativa útil para La Habana, porque permite describir el mercado no como una derrota ideológica, sino como una herramienta de construcción socialista.
Pero Cuba no parte del mismo lugar. Su mercado interno es menor, su infraestructura energética está mucho más deteriorada, la emigración ha reducido la fuerza laboral y las sanciones estadounidenses limitan el acceso a bancos, seguros, tecnología y grandes inversores. Vietnam se integró en las cadenas globales de producción y convirtió las exportaciones manufactureras en motor de crecimiento. Cuba llega a la reforma con escasez de combustible, baja productividad, deudas, turismo en retroceso y una dependencia extrema de importaciones.

Existe además una diferencia institucional decisiva. Para atraer capital no basta con autorizarlo. Hay que convencer al inversor de que podrá cobrar, repatriar beneficios, contratar, importar insumos y defender un contrato durante veinte o treinta años. La credibilidad cubana está dañada por atrasos de pagos, cambios regulatorios, controles repentinos y aperturas anteriores que avanzaron lentamente o fueron parcialmente revertidas.

El caso de GAESA será una prueba. El conglomerado militar conserva posiciones centrales en turismo, logística, finanzas, comercio y divisas. No está claro hasta dónde llegará la reforma dentro de ese perímetro ni qué nivel de transparencia tendrá la valoración y venta de activos públicos. Si la apertura crea competencia y reglas iguales, puede dinamizar la economía. Si facilita que grupos próximos al poder conviertan control administrativo en propiedad privada, Cuba podría evolucionar hacia un capitalismo oligárquico.

Cómo será la nueva Cuba
En el escenario más probable a corto plazo, Cuba será menos estatal en la vida cotidiana y seguirá siendo altamente centralizada en la política. Habrá más empresas privadas, negocios con cientos de empleados, bancos no estatales, intermediarios de pagos, importadores, exportadores, cadenas comerciales, agencias de viajes y proyectos inmobiliarios. La frontera entre empresa pública y privada será más porosa y el Estado buscará ingresos mediante impuestos, dividendos y participaciones en lugar de administrar cada actividad. La diáspora tendrá un papel mayor. Cubanos residentes en el exterior podrán comprar participaciones, financiar proyectos, adquirir determinados activos y asociarse con negocios locales. Esa entrada de capital puede reconstruir empresas y crear empleo, pero también abrir disputas sobre propiedades confiscadas, origen de fondos, desigualdad de oportunidades y lealtad política. El exilio dejará de ser solo una fuente de remesas para convertirse en posible accionista de la reconstrucción.

El trabajo será más flexible y más inseguro. Las empresas podrán fijar escalas salariales según su capacidad financiera, contratar con mayor libertad y extinguir puestos por razones económicas o tecnológicas. Se amplían el pluriempleo, las jornadas reducidas, el teletrabajo desde el exterior y la remuneración por tareas adicionales. Para los trabajadores productivos puede significar mejores ingresos. Para quienes queden fuera de los sectores dinámicos, puede significar precariedad. Las ciudades mostrarán antes el cambio. La Habana, los polos turísticos y los municipios con acceso a remesas, puertos o visitantes atraerán la mayor parte de la inversión. Zonas rurales y provincias orientales corren el riesgo de quedar rezagadas. La descentralización solo reducirá esa brecha si los municipios reciben capacidad real para recaudar, decidir y retener recursos.

La vida material podría mejorar con rapidez en algunos segmentos. Más importadores pueden ampliar la oferta. La inversión privada puede recuperar talleres, transporte, restaurantes, almacenes y servicios. Los paneles solares y las baterías pueden dar autonomía a hogares y negocios. Sin embargo, la expansión inicial será desigual y estará condicionada por dólares, crédito y conexiones. La nueva Cuba podría tener más productos y, al mismo tiempo, más personas incapaces de pagarlos.

Cuatro futuros posibles
El primer escenario es una reforma controlada que se consolida. El Gobierno aprueba rápidamente las normas pendientes, estabiliza el mercado cambiario, protege contratos, permite competencia y alcanza un entendimiento mínimo con Estados Unidos. La economía empieza a recibir capital de la diáspora, América Latina, Europa y Asia. Cuba se acerca a un socialismo de mercado con partido único, mayor prosperidad y libertades económicas, pero sin democratización inmediata. El segundo escenario es una apertura capturada. Los activos más valiosos terminan en manos de empresas vinculadas al aparato estatal, militar o familiar. La banca privada existe, pero opera dentro de un círculo reducido. Los pequeños empresarios soportan impuestos y controles mientras los grupos conectados reciben divisas, licencias y propiedades. En ese caso, la reforma no crearía un mercado competitivo, sino una oligarquía surgida desde el poder.

El tercer escenario es la parálisis. Las 176 medidas quedan atrapadas en reglamentos, autorizaciones, inspecciones y resistencias internas. El miedo a perder control frena la implementación, la devaluación avanza sin producción y los subsidios desaparecen antes de que funcione la protección social. La inflación aumenta, la población pierde confianza y la crisis energética impide que las empresas produzcan. Cuba habría anunciado el cambio sin llegar a ejecutarlo.

El cuarto escenario es una transición negociada. La apertura económica se acompaña de liberaciones políticas verificables, garantías civiles, reformas electorales y un acuerdo gradual con Washington. Sería la vía con mayor capacidad para reducir sanciones y atraer inversión masiva, pero también la que exige más concesiones al núcleo dirigente. Hasta ahora, no hay señales suficientes para afirmar que ese proceso haya comenzado.

La realidad puede combinar elementos de los cuatro. Lo más probable es una etapa de tanteo, con avances rápidos en sectores donde el Estado ya no puede sostener servicios y mayor cautela en finanzas, propiedad estratégica y política. La velocidad dependerá menos de los discursos que de las licencias emitidas, los bancos autorizados, las empresas realmente transformadas, las divisas disponibles y la protección efectiva de los contratos.

La prueba decisiva
Las 176 transformaciones son históricas porque reconocen que la sociedad cubana ya había cambiado antes que la ley. Las mipymes legalizadas desde 2021 crecieron pese a la escasez y llegaron a dominar una parte importante de las ventas minoristas. El mercado informal fijó el valor real de la moneda. Las remesas sostuvieron hogares. Los paneles solares sustituyeron a una red incapaz de garantizar electricidad. La reforma convierte en política oficial muchas respuestas que los cubanos adoptaron por necesidad. Pero aprobar el mercado no equivale a construirlo. El propio Gobierno calcula que deberá modificar o derogar más de 140 disposiciones y aprobar 32 normas de rango superior. Esa dimensión jurídica revela tanto la profundidad del cambio como su fragilidad. Mientras las reglas no entren en vigor y puedan aplicarse sin arbitrariedad, el paquete seguirá siendo una promesa.

La nueva Cuba no se decidirá únicamente en los ministerios. Se decidirá en la relación entre el Estado y el ciudadano que abre una empresa, en la posibilidad de un agricultor de vender sin perder su cosecha, en la seguridad de un emigrado que invierte sus ahorros, en la independencia de un juez ante un conflicto contractual y en el derecho de un trabajador a protestar sin terminar encarcelado.

También dependerá de Estados Unidos. Si Washington mantiene una estrategia orientada al colapso total, incluso una reforma seria tendrá dificultades para atraer combustible, crédito y capital. Si La Habana utiliza la apertura solo para ganar tiempo sin modificar prácticas represivas ni garantizar derechos, será difícil justificar un alivio duradero de la presión. La salida requiere concesiones verificables de ambas partes, aunque hoy la confianza sea mínima. Cuba está entrando en una etapa que puede acabar con buena parte del orden económico creado por la Revolución sin poner fin inmediato al sistema político que lo administró. Esa es la paradoja central. El país puede parecer más capitalista cada mes y seguir gobernado por las mismas estructuras.

Por ahora, no se rinde el poder. Se rinde la idea de que el Estado puede producirlo todo, fijarlo todo y decidirlo todo sin llevar a la nación al agotamiento. La verdadera nueva Cuba comenzará cuando la apertura deje de ser una maniobra de supervivencia y se convierta en un marco estable de prosperidad, derechos y responsabilidad pública. Se rinde el dogma, no el poder.