Gazeta Lodz - Criminalización de defensores en Ecuador, contaminación en Salta y nueva base de datos científica

La situación de los defensores ambientales en Ecuador ha vuelto a ocupar el centro del debate regional tras la confirmación de que más de 50 campesinos y líderes sociales en Las Naves enfrentan investigaciones penales desde 2021. Esta persecución judicial se produce como respuesta al rechazo comunitario contra el proyecto minero Curipamba-El Domo, una operación que ha llevado a la militarización del cantón y a denuncias sobre la afectación de las fuentes de agua del cerro Piedra Negra, recurso crítico para la agricultura familiar local. A pesar de que un informe del Ministerio de Ambiente advirtió previamente sobre posibles impactos en la captación municipal, la justicia ecuatoriana rechazó la acción de protección presentada por 490 campesinos, consolidando un escenario de tensión entre la expansión extractiva y los derechos territoriales.

En el otro extremo del continente, en la provincia de Salta, Argentina, una crisis ambiental de larga data ha adquirido nuevas dimensiones. Un pozo petrolero abandonado desde hace más de cuatro décadas, identificado como LO-X10, continúa expulsando gases y lo que se describe como una lluvia de hidrocarburos sobre 20 hectáreas de bosque nativo en el Chaco argentino. La contaminación ha transformado el paisaje, generando un entorno donde la vegetación muere y el suelo se satura de residuos, llevando a quienes visitan la zona a denominarla el "Chernóbyl argentino". El ecosistema afectado alberga especies amenazadas, como el águila coronada, de la cual quedan menos de 1000 ejemplares en el país. La complejidad legal del caso radica en que seis empresas distintas han pasado por la concesión del pozo, y actualmente la justicia busca determinar la responsabilidad final por el daño ambiental.

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y el acceso al conocimiento científico, Mongabay Latam ha lanzado "Busco un científico", una herramienta digital diseñada para conectar a la sociedad con expertos en medioambiente. La plataforma reúne información sobre 180 investigadores e investigadoras de 27 nacionalidades diferentes, cubriendo más de 100 especialidades. La base de datos permite acceder a detalles sobre las instituciones donde laboran, sus objetos de estudio y enlaces directos a sus currículos académicos en plataformas como ResearchGate y Google Scholar. Todos los perfiles incluidos han sido previamente entrevistados o consultados por la organización, facilitando el acceso a publicaciones especializadas y fomentando un diálogo más directo entre la ciencia y el público general.

Mientras tanto, en Chile, la comunidad del archipiélago de Juan Fernández continúa su lucha por la conservación marina. Tras años de impulso para la creación de dos nuevos parques marinos que protegerían 359 855 kilómetros cuadrados de océano, el gobierno del presidente José Antonio Kast retiró de la Contraloría el decreto necesario para su establecimiento. Los parques propuestos buscaban salvaguardar corredores marinos, montes submarinos y especies endémicas como langostas, tiburones y ballenas. De haberse concretado, Chile habría aumentado su Zona Económica Exclusiva protegida del 44 % al 54 %. Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones ambientales, autoridades regionales y sectores de la pesca artesanal, enfrenta la firme oposición de las pesquerías industriales de pez espada y jurel.

En la Antártida, la pesca de kril se detuvo por segundo año consecutivo tras alcanzar el límite establecido de 620 000 toneladas antes de finalizar la temporada. Este evento ocurre mientras se negocia un posible aumento en las capturas, una medida que genera preocupación entre expertos. La oceanógrafa Sylvia Earle ha advertido que no existe una cantidad segura de kril que pueda extraerse sin dañar el ecosistema antártico, dado que este crustáceo es la base alimenticia fundamental para ballenas, focas, aves y peces. La incertidumbre sobre los niveles futuros de captura contrasta con la urgencia ecológica de proteger esta especie clave.

En Costa Rica, un estudio publicado en octubre de 2026 revela patrones migratorios inusuales en las mantarrayas gigantes. De las 12 mantarrayas monitoreadas por científicos, nueve cruzaron fronteras marítimas para llegar a aguas de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, sumando un desplazamiento total de 21 815 kilómetros. Estos hallazgos subrayan la necesidad de espacios de protección que conecten sus rutas migratorias más allá de las jurisdicciones nacionales. Los investigadores proponen la creación de corredores transnacionales de conservación en el Pacífico centroamericano para garantizar la supervivencia de la especie.

En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, investigadores han documentado los beneficios ecológicos de los corredores biológicos con plantas nativas. La investigación registró la llegada de insectos, aves y mamíferos que ayudan a controlar plagas y recuperar la biodiversidad en zonas agrícolas. Entre las especies atraídas se incluyen mantis, arañas depredadoras, el halconcito colorado y mamíferos insectívoros. Estos espacios no solo permiten conectar hábitats fragmentados, sino también fortalecer las relaciones ecológicas esenciales para la agricultura sostenible.

México enfrenta un grave problema de pesca fantasma, con más de 77 000 artes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas a la deriva en sus mares. Estas redes continúan atrapando animales como ballenas, tortugas y vaquitas marinas, además de afectar los ingresos de las comunidades pesqueras. Un diagnóstico nacional elaborado por autoridades, académicos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades pesqueras revela la dimensión del problema y los retos para enfrentarlo, destacando la necesidad de políticas más estrictas sobre el desecho de equipos de pesca.

La crisis climática en Latinoamérica y el Caribe se manifiesta con mayor intensidad en la gestión del agua. Un informe del Observatorio La Rábida señala que el 88 % de los desastres en la región durante los últimos 30 años tuvo origen hídrico. Sequías más prolongadas, lluvias intensas y la pérdida de glaciares evidencian los efectos del cambio climático. El informe advierte que la mala gobernanza, la descoordinación institucional y la falta de planificación agravan la inseguridad hídrica en la región, planteando desafíos geopolíticos significativos.

En Colombia, un caso legal en la Amazonía podría sentar precedente sobre transparencia en el mercado de carbono. Dos líderes indígenas del resguardo de Carrizal intentaron durante ocho meses obtener información sobre un proyecto de créditos de carbono activo en su territorio, buscando conocer cuántos bonos se habían vendido, quiénes los compraron y cómo se ejecutaron los recursos. La Corporación Masbosques, desarrolladora del proyecto, solo respondió de manera detallada después de que un juez se lo ordenara. La Corte Constitucional revisará el caso, lo que podría establecer un precedente sobre el acceso a la información ambiental y la rendición de cuentas en este mercado.

En Bolivia, cinco municipios de la Amazonía se han declarado libres de minería de oro para proteger sus ríos, suelos y actividades agrícolas. Palos Blancos y Alto Beni ya lograron que sus leyes municipales tengan media sanción en la Cámara de Diputados y esperan su aprobación en el Senado para obtener reconocimiento nacional. Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Paz cuestiona estas iniciativas, sosteniendo que declarar un municipio libre de minería es ilegal, lo que genera un conflicto entre las regulaciones locales y nacionales.

En México, el bobo de Cocos enfrenta una situación crítica en Isla Pajarera. Sus nidos pasaron de 9524 en 1975 a apenas 220 en 2026. Investigadores y estudiantes encontraron polluelos muy delgados y esqueletos en el suelo, indicando una alta mortalidad. El aumento de la temperatura del mar, intensificado por el fenómeno de El Niño, y la expansión de plantas invasoras agravan la situación, poniendo a la especie al borde del colapso reproductivo en esta zona.

En Perú, el presupuesto destinado al sector ambiental ha disminuido drásticamente. En 2026, el Ministerio de Ambiente y sus organismos adscritos recibieron apenas el 0,35 % del gasto nacional, una reducción del 12,04 % respecto al año anterior. Esta falta de recursos coincide con un aumento en las presiones sobre los bosques, las áreas protegidas y los territorios indígenas, planteando interrogantes sobre la capacidad del estado para proteger la naturaleza bajo estas condiciones financieras.

En la Amazonía peruana, jóvenes estudiantes kichwa han iniciado un proyecto de monitoreo ambiental. Con el acompañamiento del Senamhi, la entidad meteorológica nacional, aprendieron a medir la temperatura, las lluvias, la calidad del agua y las condiciones del suelo para investigar por qué sus cultivos de cacao producían menos. Sus hallazgos permitieron identificar problemas como la lluvia ácida y variaciones en el caudal de una quebrada, compartiendo recomendaciones con los agricultores para proteger sus cosechas.

Finalmente, científicos monitorean desplazamientos sorprendentes de diversas especies. Pingüinos de Magallanes recorren hasta 3500 kilómetros, una ballena jorobada viaja desde Perú hasta la Antártida y un tiburón martillo nada 1300 kilómetros para dar a luz en Panamá. Estos datos revelan detalles sobre sus rutas migratorias, zonas de alimentación y las amenazas que enfrentan en el océano, subrayando la necesidad de una conservación marina global e integrada.

V.Staniszewski--GL